Sin distinción de partidos políticos, los gobernadores de diferentes provincias se alzaron ayer contra el Presidente Javier Milei.
Todo surgió cuando el mandatario de Chubut, Nacho Torres, reclamó que el Ministerio de Economía, a cargo de Toto Caputo, le retuvo “ilegalmente” $13.500 millones. “Es más de un tercio de nuestra coparticipación mensual”, explicó Torres para advertir que no entregará el petróleo y gas de esa provincia a la Nación. El chubutense cosechó el respaldo de los gobernadores patagónicos, de mandatarios opositores, de gobernadores de Juntos por el Cambio y del jefe de Estado local, Raúl Jalil.
El gobernador catamarqueño mostró el apoyo a sus pares patagónicos a través de las redes sociales y, recordando el encuentro en Salta que mantuvo con el ministro del Interior Guillermo Francos, pidió que haya diálogo entre las Provincias y la Nación. En este sentido, a través de perfil de X (ex-Twitter) Jalil subrayó que “los gobernadores saben que Argentina se construye desde la unidad, solidaridad y el esfuerzo equitativo de cada provincia”.
El reclamo de Torres fue tajante: “Si el miércoles no nos sacan la pata de encima a los chubutenses, no sale una gota de petróleo de la provincia. Vamos a ver si son tan guapos, es ilegal lo que están haciendo y vamos a ir a las últimas consecuencias”, afirmó el gobernador chubutense en un acto en su provincia, aludiendo a que Nación está obligada por ley a enviar los giros de la coparticipación de manera automática. El primer respaldo a Torres llegó de la mano de sus pares patagónicos Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), quienes firmaron un documento con un título muy sugestivo: “Las provincias unidas del Sur”.
En el escrito, este grupo remarca que “las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto. Nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio. Los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional ni están sujetos a órdenes. Sus mandatos surgen del pueblo de sus provincias y tienen la obligación de defender sus intereses”. También subrayan que “de forma ilegal el gobierno nacional retuvo los fondos destinados al Fondo Compensador de las tarifas del transporte público. Son recursos procedentes del impuesto a los combustibles y tienen una asignación específica”.
“No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias. Por esa razón avalamos la determinación de la provincia del Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos”, indican en el comunicado.
Respaldo local
Por su parte, Jalil tomó el inicio del documento de los patagónicos para afirmar que “Catamarca también considera que las Provincias son preexistentes”. En este sentido, reseñó: “es por las Provincias que se formó la Nación y son sus recursos los que la Nación recibe y administra”. Más allá de apoyar el reclamo de sus pares del sur del país, Jalil consideró necesario abrir instancias de diálogo entre las partes: “es necesario el diálogo firme para encontrar soluciones y dejar atrás las confrontaciones”.
En este orden de ideas, rememoró: “en Salta dialogamos con el ministro Franco y sabemos que podemos encontrar puntos en común”. “Los gobernadores saben que Argentina se construye desde la unidad, solidaridad y el esfuerzo equitativo de cada provincia”, cerró el jefe de Estado local.
Otros pronunciamientos
Los patagónicos y Torres también tuvieron los apoyos del cordobés Martín Llaryora y del bonaerense Axel Kicillof. Incluso, más tarde, se sumaron los nueve jefes provinciales que integran el Juntos por el Cambio (JxC). Con las firmas de Jorge Macri (jefe de Gobierno de CABA), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) los representantes de la exalianza electoral señalaron: “el Gobierno nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia”.
