La exdirectora general del Registro de la Propiedad Inmobiliaria - ARCA, Claudia Patricia Valdez informó que iniciará acciones legales contra el abogado Paulo Ibáñez, exonerado por disposición del Ejecutivo Provincial por presunto "incumplimiento de los deberes de funcionario público, en calidad de coautor.
En la causa que lo investiga por presuntamente ordenar que no se ingrese al sistema RPIM Management del Registro, un cambio de dominio de dos inmuebles a favor de Edgar Bacchiani -detenido por múltiples delitos-, también están imputadas las empleadas de la institución, Norma Bravo y Andrea Pacheco.
Valdez salió al cruce de los dichos de Ibáñez, quien la acusó de dar la venia para que Bravo y Pacheco -que dependían de Ibáñez-, realicen la maniobra aprovechando la supuesta ausencia del hombre, en época de pandemia.
A modo de descargo, Valdez explicó que en abril de 2022 "se me informó desde la Dirección de Publicidad Inmobiliaria que se habían detectado irregularidades en relación con la falta de carga en el sistema, de dos propiedades pertenecientes a Edgar Bacchiani. En cumplimiento de mis deberes como funcionaria pública, procedí a realizar el mismo día de haber sido informada de las irregularidades, la correspondiente denuncia penal contra autores desconocidos en la Unidad Judicial N°1", explicó.
Recordó que la causa penal se tramita en la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Administración Pública, a cargo Facundo Barros Jorrat, y que en idéntica fecha se ordenó la instrucción de una investigación sumarial en el Departamento de Folio Real cuya Jefatura estaba a cargo en ese momento de Ibáñez.
"Una vez concluida la investigación sumarial y en base a sus resultados, se ordenó la instrucción del sumario administrativo correspondiente que tramitó la Dirección de Investigación y Sumarios, de Fiscalía de Estado de la Provincia", agregó.
Aseguró que ambas investigaciones "se instruyeron por organismos imparciales, fuera del Registro de la Propiedad - ARCA" y consideró que "el resultado de ello es producto de una exhaustiva investigación realizada durante casi dos años, siendo dichos ámbitos donde debieron presentarse las pruebas exculpatorias, en su caso".
Las maniobras ocurrieron en enero de 2022, en pleno derrumbe del negocio cripto de Bacchiani y haciendo foco en ese momento, dijo que "fue angustiante para mí y para los empleados del organismo tener que afrontar esa situación. Y obramos en estricto cumplimiento de nuestras obligaciones, poniendo en conocimiento a las autoridades competentes para su esclarecimiento".
Sostuvo además que desde el Registro "se colaboró permanentemente con las autoridades judiciales y se informó esta situación a los organismos provinciales pertinentes, como así también a la Fiscalía Penal de la Provincia de Córdoba, a cargo de la Dra. Valeria Rissi, a requerimiento de la misma".
Por otra parte, destacó el "gran trabajo que se viene realizando en el Registro en materia de modernización principalmente, como así también de optimización de recursos, lo que impactó directamente en la celeridad y sobre todo, en la seguridad de los procesos".
Hizo hincapié en que todas estas mejoras integrales fueron resultado de un "gran esfuerzo realizado por todo el equipo de trabajo" y apuntó a Ibáñez por sus declaraciones que la involucraron a ella y a otros empleados de esa repartición.
"Es importante que la gente conozca la verdad de los hechos y no quede instalada en la conciencia colectiva, un relato equivocado que dañe la reputación de quienes hacemos el trabajo a conciencia y honestamente. Por ello, se procederá a iniciar las acciones legales correspondientes por calumnias, injurias y daño moral", finalizó.
La causa
De acuerdo a las pruebas y testimonios reunidos en la causa, el fiscal consideró que Ibáñez, Bravo y Pacheco habrían participado en la maniobra realizada el 12 de enero de 2022. Supuestamente, Bravo debió inscribir los dos trámites mientras que Pacheco tenía la función de verificar la realización de los mismos, actividades que no se ejecutaron supuestamente por orden de Ibáñez, quien se desempeñaba como jefe de Departamento de Folio Real.
La irregularidad surgió tras un pedido de la Justicia Federal, en base a requerimientos de la AFIP y de querellantes de la causa Bacchiani.
Ibáñez fue cesanteado en 2022 y exonerado recientemente por el Ejecutivo Provincial. El exfuncionario pidió a Sumarios que reconsidere la exoneración, y ante la Fiscalía solicitó su sobreseimiento total y definitivo, pretensión que la semana que viene sería remitida al Juzgado de Control de Garantías N°1 para su resolución.
