Después de la derrota que significó la media sanción del proyecto que habilita el aumento de las jubilaciones en Diputados, el gobierno amenaza con recortar el presupuesto universitario y las obras públicas si la ley también se aprueba en el Senado.
Así se lo confirmó a Tiempo un altísimo funcionario, quien fue encomendado por el presidente para diagramar y coordinar la ejecución del plan en caso que el proyecto obtenga el visto bueno de dos tercios de los presentes en ambas cámaras y el oficialismo no tenga potestad para vetarlo, tal como amenazó el propio Javier Milei.
“Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo ahora, les voy a vetar todo. Me importa tres carajos”, dijo este martes el libertario durante su discurso en el 10° Latam Economic Forum ante la atenta mirada del círculo rojo, que empieza a ver con desconfianza los índices económicos de la gestión anarcocapitalista.
A pesar de la advertencia presidencial, el reglamento del Congreso establece que si “ambas cámaras cuentan con dos tercios de los votos para imponer su criterio inicial, la ley se promulga, aunque el presidente no esté de acuerdo.” El veto del Ejecutivo, entonces, sólo se mantendría en caso que la oposición en el Senado no logre constituir las bancas necesarias para empujar la aprobación de la ley.
“Si consiguen las bancas en el Senado para que el presidente no pueda vetar la ley, no les vamos a dejar ni un peso”, ratificó la misma fuente. La amenaza que dejan trascender desde el oficialismo llega luego de la aglomeración opositora del martes por la noche. Con el apoyo del peronismo y las bancadas provinciales, el radicalismo logró reunir 160 voluntades para aprobar el proyecto que girará al Senado en las próximas semanas, Cámara donde el gobierno tiene aún menos aliados.
Radicalismo a traición
Para la mesa chica que rodea al libertario, la bancada radical jugó a traición. Si bien la mesa política del gobierno entiende que el partido debe jugar por los intereses de sus representados, advierten que la insistencia por votar el proyecto en la misma semana que el gobierno sufre su primera gran crisis interna, que incluyó recambio de gabinete y un funcionario investigado por acopio de alimentos, es un golpe bajo que el jefe de la bancada, Rodrigo de Loredo debería haber controlado.
“Nosotros estamos tranquilos, el radicalismo tiene que estar preocupado para saber cómo le explica a la sociedad que votó con el kirchnerismo”, sostuvo un íntimo del presidente decidido a vengarse.
El malestar de la cúpula del Ejecutivo por este revés rebotó en los despachos más importantes del palacio de gobierno. Así quedó expuesto esta mañana cuando el flamante jefe de gabinete, Guillermo Francos debió salir a marcarle la cancha al Senado, cuerpo del que viene de salir airoso tras la firma de dictamen de mayoría para tratar la Ley Bases.
“Si el Congreso insiste con los dos tercios de los votos el Gobierno deberá cumplir la ley. En ese caso, la decisión del presidente Javier Milei es mantener el equilibrio fiscal y cortar otras partidas presupuestarias para eso. No hay ninguna posibilidad que el Gobierno pueda cubrir el gasto que significa ese aumento, no tiene los recursos”, sostuvo efusivo el funcionario, quien cumple a rajatabla el rol de ministro-coordinador-vocero que le asignó Milei tras el fracaso que supuso la gestión de Nicolás Posse.
Toma y daca libertario
Este jueves Francos recibió a Osvaldo Jaldo (Tucumán) en su despacho para concretar la firma de dos acuerdos que contemplan el traspaso de obras públicas, que hasta el momento se encontraban a cargo del Gobierno nacional, a la provincia.
Según pudo reconstruir este medio, el gobierno nacional hará un giro de $90.000 millones a la caja tucumana y la provincia desenvolverá una inversión de otros $25.000 millones para finalizar las obras viales, hídricas, de mejoramiento urbano y vivienda que la gestión libertaria puso en pausa desde su llegada al gobierno el pasado 10 de diciembre.
La reactivación parcial de la obra pública en algunas provincias llega, en tanto, una semana antes del tratamiento de la Ley Bases en el Senado, previsto para el 12 de este mes. Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco), por su parte, también firmaron esta semana el traspaso.
