La Cámara de Diputados debatirá este miércoles 4 de junio el proyecto de ley para declarar la emergencia en discapacidad hasta 2027. La iniciativa, impulsada por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria), busca actualizar los fondos destinados a transportistas, acompañantes terapéuticos y prestadores, además de reactivar las pensiones por invalidez, un área donde se otorgaron solo 586 beneficios sobre más de 500.000 solicitudes presentadas en los últimos 14 meses.
El tratamiento parlamentario ocurre en un contexto de alta tensión política y social, agudizado por las recientes denuncias contra Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El funcionario fue acusado de maltratar verbalmente a Ian Moche, un niño con autismo conocido por su activismo en favor de la inclusión.
Según trascendió, durante una reunión mantenida en marzo con la madre del niño, Marlene Spesso, Spagnuolo habría dicho: "Si tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado. ¿Por qué tengo que pagar peaje y vos no?". Los dichos generaron un amplio repudio y pusieron en el centro de la escena las deficiencias del sistema de atención a personas con discapacidad.
La familia respondió públicamente esta semana en una entrevista televisiva con Paulino Rodrigues, luego de que el funcionario los acusara de "mentirosos" en un descargo emitido por LN+. Visiblemente afectado, Ian pidió no ser revictimizado, mientras su madre criticó que Spagnuolo "solo salga de su despacho para desmentir a un nene, y no para resolver la crítica situación del sector".
El proyecto de ley ya cuenta con tres dictámenes firmados en abril y el respaldo de bloques como Encuentro Federal, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, un sector de la UCR y Democracia para Siempre. Desde el oficialismo de La Libertad Avanza, en cambio, ya adelantaron su rechazo, alegando que la iniciativa compromete las metas de déficit cero. La propia ANDIS calificó el proyecto como "asistencialista" y "regresivo".
A pesar del rechazo oficialista, desde la oposición aseguran contar con una mayoría suficiente para aprobar la ley. "Esta vez no tienen los votos para blindar un eventual veto, como hicieron con las leyes universitaria y jubilatoria", advirtió Arroyo.
El debate parlamentario llega tras semanas de movilizaciones masivas en todo el país, con fuerte presencia de organizaciones sociales y familiares de personas con discapacidad. También se sumó la Conferencia Episcopal Argentina, que reclamó "respuestas urgentes" y recordó que "las personas con discapacidad no pueden esperar".
La sesión en Diputados está prevista para el miércoles al mediodía.
